Post-crisis

El 20 de septiembre de 2010 tuvo lugar el III Foro Hipotecario de Extremadura en Cáceres, con la participación de diversas entidades sociales, técnicos de la administración y demás agentes sociales, que son quienes más de cerca conocen esta problemática.

La adquisición de una vivienda sigue siendo el principal desembolso económico para los extremeños, y con la explosión de la burbuja inmobiliaria, continúa siendo un problema debido al sobreendeudamiento, la precariedad del empleo y bajos salarios, a lo que hay que añadir las dificultades que las entidades financieras ponen en cuanto al acceso al crédito.

En el contexto del foro se analizó la normativa existente en cuanto a protección del consumidor, así como las prácticas abusivas que las entidades financieras han llevado a cabo en la comercialización de los préstamos hipotecarios, sobre todo a través de la introducción de cláusulas abusivas, como las cláusulas suelo. La “colocación” de productos vinculados, contratos de cobertura de tipos, etc. Que tantos problemas están ocasionando a miles de consumidores.
También se analizó el papel de la publicidad financiera, así como las responsabilidades de notarios y registradores en la concesión de hipotecas.

Contra toda esta problemática se plantearon propuestas que serán llevadas a las administraciones y poderes legislativos competentes.

Contratos bancarios más claros y transparentes, que den una mayor información al consumidor antes de contratar.
Más formación financiera.
Modificación de la normativa de protección al consumidor.
Declaración de las cláusulas suelo como abusivas.
Regulación de la dación en pago.
Establecimiento de una ley de sobreendeudamiento familiar.
Regulación de la venta cruzada.
Replanteamiento de funciones del Banco de España.
Modificación de sistema de resolución extrajudicial de conflictos.
Regulación eficaz de la publicidad.
Autorización administrativa previa para la comercialización de nuevos productos financiero.
Órganos a nivel regional con representación de asociaciones especializadas, para el control del funcionamiento de las entidades financieras.
Colaboración y unión entre los agentes sociales, que redunde en una mayor reivindicación de los derechos por parte de los consumidores y de la ciudadanía en general.