MANIFIESTO
ADICAE POR EL CONSUMO Y CREDITOS RESPONSABLES.
LA IMPORTANCIA DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES PARA LOGRAR UN MODELO PRODUCTIVO RESPONSABLE Y SOSTENIBLE
Jornada “LA ECONOMIA DE LOS CONSUMIDORES FRENTE A LA CRISIS”
Madrid 14 de diciembre de 2009
ADICAE denuncia la situación habitual de crisis tras la explosión de la burbuja inmobiliaria y el modo en la que ésta ha sido alimentada por las entidades, constructoras y promotores
ADICAE, Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, lleva más de 20 años luchando contra los abusos de que sufren los consumidores en el panorama económico y que vienen plasmándose en los últimos años en la denominada “burbuja inmobiliaria”. No sólo en la burbuja inmobiliaria sino que desde las entidades financieras y las empresas, fundamentalmente a través de la publicidad, se ha creado una peligrosa tendencia en los consumidores de consumir “a toda costa” dejando totalmente al arbitrio del consumidor el valorar las cargas económicas reales de estas operaciones, realizadas a crédito en un alto porcentaje de las ocasiones. En concreto en el sector inmobiliario, constructoras, promotores y entidades financieras han utilizado todo tipo de argucias (publicidad agresiva, lobbie legislativo, etc) para conseguir dirigir a los consumidores hacia la adquisición de vivienda bien de primera necesidad incluso recogido en nuestra Constitución vigente.
Por supuesto todos ellos se han preocupado de “hinchar artificialmente” los precios del mercado de pisos, locales y apartamentos para ver aumentar así los beneficios. Las entidades financieras, en complicidad con las sociedades de tasación, han sostenido y avivado este sistema concediendo créditos sin observar las reglas impuestas por el Banco de España para asegurar la estabilidad del sistema financiero y comprometiendo de forma muy importante la estabilidad de la economía de las familias.
Manteniéndose incomprensiblemente al margen, los supervisores financieros y los poderes públicos han permitido que se produjeran estos abusos sin realizar ningún control previo, ni posterior eficaces. Las medidas aprobadas por el Gobierno apenas han mejorado la situación de algunos miles de consumidores, cuando lo que es cierto es que estamos hablando de un problema que afecta a millones de personas en nuestro país. Como dato ADICAE estima que 2009 dejará tras de sí 150.000 embargos hipotecarios los cuales aumentaron un 112% en los tres primeros meses del año, en una tendencia que el Consejo General del Poder Judicial ya ha calificado de "preocupante" y cree que en 2010 se pueden llegar a las 181.000. La ley de economía sostenible en este final de 2009 también ha pasado por encima de la crisis del crédito y su grave repercusión en los hogares españoles y no supone ningún avance real ni efectivo en la consecución de un nuevo modelo productivo.
Resultado de los abusos, de la burbuja inmobiliaria y de la concesión incontrolada de crédito: la inestabilidad de la economía familiar y el sobreendeudamiento
La carga de este negocio especulativo ha recaído en los consumidores que, como siempre, son contemplados por empresas y poderes públicos como una masa pasiva a la que se le pueden imponer todo tipo de condicionantes y modelos productivos, con lo que su participación en cada uno de ellos se limita a consumir “a toda costa”.
El resultado de trasladar los riesgos de estos modelos y tendencias a los consumidores se ha traducido en altísimos niveles de endeudamiento de las familias y la sujeción a una serie de productos de crédito, plagados de condiciones y cláusulas abusivas que atenazan en muchos casos cualquier atisbo de recuperación económica: es lo que se denomina la situación de sobreendeudamiento, la incapacidad de hacer frente a las deudas exigibles. Por desgracia ni la legislación concursal ni la Ley de Enjuiciamiento Civil poseen herramientas eficaces para flexibilizar la situación de las familias, por lo que prevención y la formación e información se rebelan sorprendentemente como las únicas armas posibles para combatir el sobreendeudamiento. Una lucha en la que los consumidores parten con una desventaja terrible puesto que la maquinaria de marketing de las empersas y entidades financieras sigue avanzando a pasos agigantados, a no ser que se tomen auténticas medidas de solución al problema planteado.
En este contexto, los presupuestos de referencia aparecen como una primera herramienta de ayuda y muestran cuál es el patrón de gasto medio de un hogar. Si a una familia que convive con los apuros económicos cada día más generalizados se le facilita el presupuesto de referencia que le corresponda y un programa informático con consejos sobre los ingresos y gastos familiares, dispondrá de un ejemplo sobre cómo reordenar su gasto corriente, realizar provisiones para otros bienes de consumo ocasional, ahorrar o afrontar la devolución de deudas y poder, en definitiva, prevenir el sobreendeudamiento alejando así el fantasma de la exclusión social.
La ley contra el sobreendeudamiento abanderada por ADICAE y el CCU
Ya en el año 2003, el Partido Socialista creó un proyecto de ley de sobreendeudamiento. Una ley que hubiera ,sino evitado, sí paliado los efectos devastadores de la crisis por los consumidores ya que la prevención, la mediación y negociación y la capacidad judicial de para moderar las reclamaciones por impagos de deudas son sus principales argumentos. Esta ley además no sería pionera ya que existen otros ejemplos en países europeos que acreditan el éxito en la protección de los intereses de los consumidores, que tan severamente han sido dañados en nuestro país.
ADICAE en el año 2009 ha continuado un año más con sus reivindicaciones en defensa de los consumidores frente al sobreendeudamiento que le ha sido inducido por las entidades. Esta vez plasmó su análisis de la nueva realidad económica y del crédito ante la crisis y formuló unas propuestas que hizo suyas el Consejo de Consumidores y Usuarios en el Dictamen a iniciativa propia que emitió este consensuado por todas las Asociaciones de Consumidores.
Dicho dictamen contiene una serie de propuestas serias, eficaces y necesarias para todos los consumidores que se resumen en las siguientes:
- ”Stop” a los embargos hipotecarios (y más si son abusivos): Las entidades que haya recibido algún tipo de ayudas del fondo creado por el Estado para la recuperación económica de las entidades. Asimismo, los jueces no cursarán embargos hipotecarios en aquéllos casos en los que no se acredite una negociación previa entre la entidad y el consumidor ni tampoco cuando el impago que motiva el embargo haya sido provocado por una cláusula abusiva.
- Evitar abusos en las refinanciaciones: Las operaciones de refinanciación, reordenación de la deuda, o flexibilización de pago, tengan en cuenta la capacidad real de pago de los hogares, considerando el gasto imprescindible de su presupuesto para que ninguna familia se tenga que comprometer a dejar de comer para devolver las deudas.
- Reconocimiento de la abusividad de determinadas cláusulas contenidas en los contratos de crédito, ahorro, etc. para conseguir su erradicación de todos los contratos. Dicha eliminación puede conseguirse a través de la negociación con las propias entidades pero en caso de que las entidades no se avengan a esta negociación se
- Reformas legislativas que permitan al deudor margen de maniobra para evitar situaciones de impago y ejecuciones mediante la creación de un plan de pagos y la facultad moderadora de la deuda del juez (convenientemente asesorado por una comisión).
- Red de Servicios de asesoramiento presupuestario y financiero, con apoyo público. Las denominadas “Unidades contra el Sobreendeudamiento”, formadas por representantes de asociaciones de consumidores, entidades financieras y la Administración para
- Educación financiera, pero más amplia que la que propone la industria: no sólo informar de la magnífica gama de productos de financiación ajustables al perfil de los distintos consumidores, sino advertir de los riesgos del crédito y que se recurra al mismo sólo para lo importante (valorar la estabilidad de la economía doméstica, ninguna financiación cuyo plazo supere la vida útil del producto, no financiar gasto de lujo, etc).
Entidades y poderes públicos deben asumir su responsabilidad y evitar sacar beneficios a costa de la economía de los hogares: por un Código de Transparencia eficaz
Las entidades deben asumir su parte de responsabilidad e implementar herramientas eficaces de evaluación para una concesión responsable del crédito, al tiempo que los poderes públicos deben replantear sus políticas públicas en base a un verdadero conocimiento de la realidad social.
En este línea, ADICAE trasladará al Ministerio de Economía y otras entidades públicas y privadas competentes, este Manifiesto ya que se inserta en la línea apuntada recientemente por la ministra de Economía, Elena Salgado, de promover las prácticas de "concesión responsable" de créditos. ADICAE exige que el Código de Transparencia que se pretende adoptar y que, según la ministra, detallará de forma "clara, precisa y sencilla" normas para proteger a los usuarios de servicios financieros en sus relaciones con las entidades de crédito, vaya acompañado de las necesarias medidas de control y supervisión para que no acabe en papel mojado como ha ocurrido con la MIFID tal y como han demostrados los últimos escándalos financieros que han salpicado a miles de ahorradores españoles (Lehman Brothers, Santander Banif Inmobiliario, etc.).
La Asociación considera que cualquier financiación que genere una carga de deuda tal que impida la cobertura de necesidades básicas de una familia es abusiva y corresponsabilizar a las entidades financieras es la única forma de levantar un sistema de gestión de riesgos sólido y fiable. |