El pasado 18 de Noviembre se celebró el Foro hipotecario de la comunidad Valenciana en el Centro Cultural La Petxina de Valencia, de 10:30 a 14:00 h. En él, se dieron cita Responsables de la OMIC de Alzira, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, el Presidente de la Asociación Aracova, la Asociación Rumiñahui, consumidores afectados por sus préstamos hipotecarios, Profesores de la Facultad de Derecho de Valencia. Los objetivos de este foro fueron poner en común los problemas de los hipotecados y sobrendeudados ante otros colectivos, servir de altavoz a las demandas de las entidades sociales más activas y representativas proponiendo actuaciones reivindicativas de forma conjunta con otros colectivos, plantear acciones extrajudiciales y judiciales para tratar de poner fin a los innumerables abusos que sufren los consumidores, a la vez que se exigir cambios en la legislación y normativa ahora existentes porque apenas protege a los consumidores.

La burbuja inmobiliaria y la crisis

Se apuntó desde los presentes que uno de los problemas principales es el de la depreciación de la vivienda. Las tasaciones hace unos años se “inflaron”, se concedían préstamos por encima del valor de tasación. Ahora con la crisis han surgido los problemas tanto para vender como para hacerlo en condiciones que permitan la cancelación del préstamo, prácticamente imposible. Es decir, que los consumidores se encuentran atrapados.
Por otra parte, también se puso sobre la mesa el problema de los pagos en dinero negro o “B” (muchas veces propiciado por el propio vendedor, debido a la cultura de evitar pagar impuestos muy arraigada en nuestro país), unido también a las tasaciones infladas que hacen que al entregar el piso en dación Hacienda considere que ha habido ganancias para el contribuyente, por lo que éste además tiene que pagar.


El papel de la administración pública y supervisores

Se concretó como absolutamente necesaria una Ley de Sobreendeudamiento que permita a los jueces paralizar los embargos en situaciones excepcionales como las que estamos viviendo actualmente.

En cuanto a las medidas tomadas por el Gobierno en el caso de la Moratoria hipotecaria, la falta de obligatoriedad para aplicarla la hace totalmente ineficaz, ya que los bancos no la ofrecen, dicen que no están acogidos, etc. Un sinfín de excusas que terminan, si el banco quiere negociar, en una oferta de refinanciación que en nada se parece a la moratoria hipotecaria, y que además sólo sirve para endeudar más al hipotecado.

Por tanto son necesarias medidas para que las autoridades puedan controlar a las entidades para hacer cumplir las condiciones necesarias de transparencia en el momento de la contratación.

Se expuso la falta de recursos y financiación para dar formación a técnicos que puedan valorar la situación. El reparto estatal da muy poco dinero a los Ayuntamientos, que se ven endeudados y aprovechan la recalificación de terrenos para obtener recursos. Se cita como ejemplo la urbanización de Alberic (Valencia), donde los terrenos ni siquiera están recalificados y las viviendas ya se han vendido. Aparte queda el tema de la mala gestión, el fraude o la corrupción.

Surgió también el problema de la Ley del Suelo, una de las causas por la que subió tanto el precio de la vivienda en poco tiempo, así como problemas en la ley con casos como el de Martinsa Fadesa: consumidores que han entregado unas cantidades de dinero, no se cumple con la entrega, ya no quieren esas viviendas, y además no pueden recuperar su dinero.


Abusos en la comercialización de los productos, publicidad engañosa, malas prácticas en la comercialización, cláusulas abusivas, etc.

La información previa al contrato es la base para evitar firmar sin conocer las condiciones, comparar y asesorarse, ya que el consumidor no tiene porqué conocer cada una de las cláusulas incluidas en los contratos.
Se comentó en esta parte los clips bancarios, su funcionamiento, y cómo los bancos de forma premeditada han atrapado a miles de consumidores, así como las cláusulas suelo y la responsabilidad de los notarios en la falta de información al consumidor cuando va a firmar un préstamo hipotecario.


Medidas eficaces y propuestas de los ciudadanos y consumidores

Se destacó la importancia de medidas que realmente solucionen los problemas planteados, como el Dictamen del Consejo de Consumidores y Usuarios relativo a endeudamiento.
En el caso de los inmigrantes, hubo varias intervenciones a destacar. Por parte de la Asociación Rumiñahui se apuntaron los problemas y fraudes creados por las inmobiliarias: avales entre personas que no se conocían, invención de nóminas para obtener los préstamos, etc. Se trata en su mayoría de contratos que se aprovechan del desconocimiento y la falta de información que los inmigrantes tienen de la ley española. La clienta de una inmobiliaria, relató su experiencia personal: su marido se encuentra en paro, y la financiera con la que tienen el préstamo los ha sometido a acoso día y noche con amenazas. Al final se ha llegado a un acuerdo por escrito para pagar la mitad de la cuota durante 2 años, y lleva ya un año. Sus ahorros los invirtió en la vivienda, y debido a la depreciación prácticamente los ha perdido.

Entrando un poco en el ámbito del Derecho Internacional Privado, se confirmó desde las Asociaciones de Inmigrantes se han emprendido acciones para intentar que el Gobierno de origen de los inmigrantes respalde las deudas, algo que parece complicado; de hecho en Ecuador el presidente pretende impedir que bancos españoles intervengan; Desde la Asociación Aracova se mostró el desacuerdo con esta postura porque afirmó que la decisión de un presidente no es Ley, y son necesarios acuerdos de Estado entre los países para poder solucionar estos casos.
En la Asociación Rumiñahui han tenido experiencias de lo que podría ser una posible solución: que el banco se quede la vivienda ante la imposibilidad de que el titular pague, y se la alquile a precio de mercado.
Los representantes de las asociaciones de inmigrantes coincidieron en expresar su descontento en cuanto a la relación que mantienen con la Administración Autonómica, ya que no les piden opinión para firmar los convenios y no fomenta la integración a nivel político y social con voz y voto de los inmigrantes. Además, indican que los fondos no les llegan, no les dan posibilidades de participación ni financiación para su actividad aun llevando años trabajando en la Comunidad Valenciana.